CYBERBULLYING EN COLOMBIA (Definición y Análisis Constitucional)

CYBERBULLYING Es una palabra que implica ante todo un acoso a través de internet y en especial se manifiesta a través de las redes sociales. A medida que crece nuestro mundo virtual, crece la necesidad de respeto y protección ante las manifestaciones dañinas que algunos manifiestan públicamente en contra de otras y que transgreden ante todo el derecho fundamental al buen nombre y la intimidad.

En Colombia el CYBERBULLYING ya ha sido definido y estudiado por la Corte Constitucional, y en especial en la Sentencia T-145 de 2016 mediante la cual estableció lo siguiente:

“Una modalidad especial de afectación de derechos que ha cobrado particular importancia por el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es el llamado “cyberbullying”, conocido también como ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’. Sobre este fenómeno, la Corte en su momento[1] hizo uso de una definición inicial dada por la Policía Nacional para casos que se presentaban entre menores de edad, al entenderlo que se presenta “cuando una persona menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otra persona menor mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otros medios técnicos similares”[2].

 

Asimismo, en diferentes sentencias esta Corporación ha definido el “bullying” en el ambiente virtual como aquel con base en el cual el autor utiliza las herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones, en especial del internet y el celular, para maltratar a sus semejantes. Básicamente, el “cyberbullying” consiste en el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para amenazar físicamente, asediar verbalmente o excluir socialmente a un individuo de un grupo[3].Aunque también se ha definido como un tipo de agresión psicológica en la que se usan teléfonos celulares, internet y juegos en línea para enviar o publicar mensajes, correos, imágenes o videos con el fin de molestar e insultar a otra persona, el cual no se hace de frente y por ello no es fácil identificar a su autor. Así, se ha recalcado que el ciberacoso se ha hecho popular entre niños y jóvenes, quienes creen que pueden usar la red y estos dispositivos anónimamente para molestar a sus compañeros sin percatarse del daño que hacen pues “la información se envía de manera muy rápida, y borrarla o detenerla, es tarea imposible. Sus consecuencias pueden ser muy serias, terminando, como se ha visto en Colombia y en otros países, [incluso] en el suicidio de la víctima”[4].

 

Aunque el ciberacoso o maltrato en las redes sociales en un principio se hizo evidente en el ámbito educativo, es decir, en las escuelas, colegios y universidades, este fenómeno también se ha ido presentando en los ámbitos laborales, familiares, o en otros entornos sociales, y en distintas modalidades, como se verá a continuación.

 

En el escenario educativo esta Corporación, al realizar el control concreto de constitucionalidad en razón de la posible afectación de derechos fundamentales en los establecimientos educativos por maltrato en redes sociales, encontró que de dicho maltrato eran víctimas tanto los estudiantes –menores de edad en su mayoría–, como los docentes y directivos. Incluso, desde las primeras decisiones que versaron sobre la problemática del maltrato en redes, cuando este tipo de maltrato aún no era una práctica consolidada, esta Corporación señaló (2010) que “caso a caso, la jurisprudencia constitucional seguirá avanzando en dibujar y delinear los límites de estas nuevas dimensiones de los derechos, en plena evolución y transformación”[5].

 

De esta forma, paulatinamente la Corte ha ido precisando el alcance de la protección pertinente, al punto de que en ciertos casos ha exigido a instituciones educativas que implementen las medidas para hacer frente al matoneo, a fin de hacer conscientes a los menores del impacto de estas conductas y que las eviten[6]. De igual forma, esta Corporación también se ha referido de manera particular al maltrato que un estudiante puede sufrir por las expresiones que sus compañeros hacen en las redes sociales, advirtiendo que el derecho de expresarse libremente está supeditado a que no se usen expresiones insultantes ni desproporcionadas[7]. Incluso, en ocasiones ha advertido que las instituciones educativas no sólo debían tomar medidas para que dichas acciones cesaran, sino también para que se adelantara un proceso restaurativo en el que la persona agredida se sintiera reestablecida en sus derechos[8]. De manera que corresponde a cada establecimiento educativo definir cuáles son las medidas para proteger los derechos fundamentales, para hacer cesar el maltrato y, correlativamente, adoptar medidas conocidas como de justicia restaurativa, en virtud de las cuales se impida que las secuelas de la lesión de derechos se proyecte en distintas vías y continúe incidiendo negativamente en el ámbito de la comunidad educativa[9].

 

De la misma manera, la Corte se ha referido a este tipo de maltrato en el escenario laboral, con motivo de la información que sobre los empleados se puede publicar en la red social de la empresa, y particularmente ha tratado el tema de los riesgos a los derechos fundamentales dentro de la red social Facebook. Así, esta Corporación ha rescatado la importancia que tiene el consentimiento de quien va a ser expuesto en ella para proteger el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y honra[10] y, ante tales supuestos, ha rescatado el hecho de que la mayor exposición que proporcionan las redes sociales son una fuente de amenaza para los derechos fundamentales, por cuanto poseen herramientas incontrolables de procesamiento y permiten un uso ilimitado de la información depositada por los usuarios, pues las posibilidades de que ésta pueda ser compartida son exponenciales y la mayoría de las veces desconocida por parte de los usuarios[11].

 

Este riesgo que se produce por el alto grado de publicidad y difusión de las redes sociales que ha sido advertido incluso en el ámbito familiar, en donde además la exposición de los datos personales pueden afectar a menores de edad, por lo que este Tribunal ha sido claro en establecer que para la protección de sus derechos es necesario obedecer a las normas constitucionales y no principal o exclusivamente la regulación propia de la red social pertinente[12].

 

Asimismo, la Corte se ha pronunciado sobre eventos en los que se califican la conducta de alguien en redes sociales, como en el caso objeto de la Sentencia T-050 de 2016[13], en el que una persona requería a su deudora a través de una publicación en Facebook[14]. Oportunidad en donde la Corte encontró que “que junto al mensaje divulgado se publicó una fotografía de la actora sin que mediara su consentimiento o, a falta de este, existiera una orden de la autoridad competente para que la misma fuera objeto de disposición por parte de terceros, lo que, sumado a lo difundido, atenta en mayor medida en contra de su imagen y su buen nombre”.

 

A partir de lo anterior, entonces, este Tribunal indicó que aunque lo que se publica en las redes sociales está amparado por la libertad de expresión, el amparo de dicha garantía y sus respectivos límites se aplica a internet y a las redes sociales de la misma manera que a los demás medios de comunicación, según corresponda[15]. Por razón de lo cual consideró que el hecho de publicar mensajes cobrando deudas a través de un medio de comunicación de alto impacto como Facebook, con múltiples usuarios que tienen prácticamente libre acceso a toda la información que se publica, “además de ser desmedido, evidencia una intención dañina por parte de la accionada […]”. Y bajo las anteriores consideraciones señaló que los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de la accionante fueron afectados, por lo que terminó ordenando a la accionada que, “como medida simbólica”, publicara en el muro de su perfil de Facebook la correspondiente disculpa por la afectación causada a la actora; publicación que debería estar habilitada para el mismo número de personas que en su oportunidad tuvieron acceso al primer mensaje y durante un lapso igual al que este último permaneció publicado. No obstante lo cual, en todo caso supeditó la existencia de dicha publicación a la autorización de la accionante, quien debía considerar si la misma era inconveniente.

 

Así, el recuento jurisprudencial realizado pone de manifiesto las consideraciones que antes se hicieron sobre la configuración del derecho a la libertad de expresión a partir de los lineamientos incluidos en el propio artículo 20 de la Constitución y en su relación con otros derechos fundamentales que pueden resultar afectados en el escenario particular de las nuevas tecnologías cuando el ejercicio del derecho tiene ocasión en las redes sociales. Como también pone en evidencia que el maltrato se ha trasladado a las redes sociales y ha venido ampliando su espectro, como consecuencia del desarrollo imparable de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

 

Desde esa perspectiva, y siguiendo la línea jurisprudencial relacionada, la Corte Constitucional ha venido fijando unos parámetros a partir de los cuales es posible establecer cuándo el uso indebido de las tecnologías de la información y las comunicaciones, específicamente de las redes sociales, da lugar a la trasgresión de derechos fundamentales, como son las que se enuncian a continuación:

 

  • Las redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza, en particular para los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra[16].

 

  • Cuando se presentan amenazas o violaciones a derechos fundamentales en una red social, el problema de índole jurídico debe resolverse a la luz de las disposiciones constitucionales y no a partir de la regulación establecida por la red social específica de que se trate[17].

 

  • Las tecnologías de la información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan el daño causado a las víctimas de acoso y maltrato[18].

 

  • El derecho a la intimidad se trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no corresponden a la realidad[19].

 

  • El derecho a la imagen emana del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Se trasgrede cuándo la imagen personal es usada sin autorización de quien es expuesto o si se altera de manera falsa o injusta la caracterización que aquél ha logrado en la sociedad[20].

 

  • Los derechos al buen nombre y a la honra se lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas, falsas, erróneas o injuriosas en contra de alguien[21].

 

  • El derecho a la libertad de expresión, materializado a través de cualquier medio, tiene límites. Así, no ampara la posibilidad de exteriorizar los pensamientos que se tienen sobre alguien de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o injusta[22].

 

  • El derecho a la libertad de expresión en principio tiene prevalencia sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se demuestre que en su ejercicio hubo una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales de otros, en tanto los derechos de los demás en todo caso constituyen uno de sus límites[23].

 

  • En el ejercicio de la libertad de opinión no puede denigrarse al semejante ni publicar información falseada de éste, so pena de que quien lo haga esté en el deber de rectificar sus juicios de valor[24].

 

  • Ante casos de maltrato en redes sociales el juez constitucional debe propender porque se tomen medidas para que este cese y, además, para que se restauren los derechos de los afectados[25], siempre que así lo acepten éstos últimos, condición que se exige en aras de evitar una nueva exposición al público de situaciones que hacen parte de su esfera privada[26].

[1] Sentencia T-713 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa. la Sala Primera de Revisión resolvió una acción de tutela interpuesta por los padres en representación de su hijo menor contra un colegio de Girardot para que se le protegieran sus derechos al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la igualdad, vulnerados como consecuencia de la sanción que se le impuso por publicar en la red social Facebook comentarios contra la rectora de tal institución. 

[2] Otra noción al respecto es que ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’ es uso de información electrónica y medios de comunicación (correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, consolas de juegos de videos, etc.) difamatorios, amenazantes, degradantes, agresivos para acosar, intimidar, amedrentar, humillar, o fines similares, realizada sobre un individuo, mediante ataques personales u otros medios de forma reiterada a lo largo de un tiempo determina

  1. Las agresiones pueden realizarse bajo un formato anónimo o de identidad falsa o adulterada.

[3] Ver: Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

[4] Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

[5] Sentencia T-220 de 2004.

[6] En la Sentencia T-905 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se estudió una acción de tutela interpuesta por unos padres de familia en representación de su hija menor contra las directivas de su colegio, la secretaría de educación distrital y otros, por cuanto ella era víctima de maltrato por su aspecto físico, tanto en el colegio como en las redes sociales. Además, esta Corte advirtió sobre el hecho de que, además, era preocupante el  hecho de que no existiera una definición sobre el matoneo, sus elementos y tipologías o niveles de complejidad, para que fuera distinguible de otras formas de conflicto escolar, “pues ello impedía la diferenciación de una estrategia plena, que at[endiera] las necesidades puntuales de las partes, los padres de familia y, adicionalmente, de los profesores”. De manera que “los instrumentos y la estrategia adoptada por el colegio para hacer frente al problema fueron insuficientes para garantizar la restauración de los derechos de la víctima y para acreditar que la experiencia sirviera para que los menores infractores identificaran y evitaran la multiplicación de ese tipo de conductas”

[7] En la Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se estudió el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su cuenta personal de Facebook un desacuerdo con una decisión tomada por las máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud de la cual los docentes se sintieron agredidos.

[8] En la Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se estudió el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su cuenta personal de Facebook un desacuerdo con una decisión tomada por las máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud de la cual los docentes se sintieron agredidos.

[9] Por su parte, en la Sentencia Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, en donde se estudió una acción de tutela presentada por una madre de familia, en representación de su hijo, contra el colegio en el cual adelantaba sus estudios, por considerar que sus derechos fundamentales fueron violentados a causa del maltrato que él recibía por parte de sus compañeros personalmente y a través de la red social Facebook. Así, la accionante solicitó que el colegio accionado les ordenara a los padres de los compañeros del joven que les prohibieran maltratarlo en cualquier forma y les exigieran respeto hacia él, eliminando para ello el grupo que crearon en Facebook en su contra y retractándose públicamente de lo que habían expresado allí.

 

[10] En la Sentencia T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, este Tribunal revisó una acción de tutela interpuesta por una mujer contra la empresa de masajes en la que prestó sus servicios personales, por cuanto esta última se negaba a retirar de la red social Facebook y de otros medios de publicidad varias imágenes de ella que, a pesar de que en un primer momento autorizó su publicación, luego consideró que afectaban sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, pues aquéllas aparentaban que en lugar de publicitar el ofrecimiento de masajes se promocionaba el ofrecimiento de servicios de carácter sexual.

[11] Sentencia T-260 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta oportunidad la Corte mencionó entre los factores generadores de riesgo para los derechos fundamentales en las redes sociales, los siguientes: (i) la falta de “toma de conciencia real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado”; (ii) la posibilidad de que los datos personales puedan ser utilizados por “terceros usuarios malintencionados de forma ilícita”; (iii) la posibilidad de que información falsa o sin autorización del usuario sea publicada en la red; (iv) la posibilidad que los usuarios dispongan contenidos propios en la plataforma para que sean explotados económicamente por parte de la red social sin su pleno conocimiento; (v) la posibilidad de que las redes sociales ocasionalmente permitan a los motores de búsqueda de internet indexar en sus búsquedas los perfiles de los usuarios, junto con información de contactos y perfiles de amigos; (vi) la dificultad del proceso de eliminación de información propia una vez ha sido depositada en la red; y (vii) la posibilidad que tiene estas plataformas de ubicar geográficamente al usuario a través de la dirección IP y conocer el dispositivo desde el que se conecta lo cual permite contextualizar los contenidos y la publicidad mostrada al usuario.

[12] En la Sentencia T-260 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, se estudió una acción de tutela interpuesta por la madre de una menor de 4 años de edad en contra del padre de aquella, con la que buscó que su hija se le respetaran los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad por cuanto el tutelado había abierto a nombre de la menor una cuenta en la red social Facebook, aún a pesar de que la niña ni siquiera tenía la edad requerida por dicho portal para tal. Lo anterior, pues temía que información de la pequeña circulara de manera insegura y descontrolada en las redes sociales, de forma tal que se pudieran amenazar sus derechos fundamentales o incluso constituirse en víctima de maltrato.

[13] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

[14] Sentencia T-050 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

[15] Ibídem.

[16] Sentencia T-260 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

[17] Ibídem.

[18] Sentencia T-713 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.

[19] Ibídem.

[20] Sentencias T-379 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-634 de 2013 María Victoria Calle Correa.

[21] Ibídem.

[22] Ibídem.

[23] Ibídem.

[24] Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[25] Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

[26] Cfr. Sentencia T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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