El término de caducidad de cinco años – numeral 11 del art. 176 del c.c.a.- se debe contabilizar una vez fenecido el plazo de 18 meses de los que trata el inciso 4 del art. 177 de la misma codificación

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Síntesis del caso: La actora solicitó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que consideró vulnerados por el Tribunal tutelado al dictar la providencia de 23 de septiembre de 2015, por medio de la cual, confirmó el rechazo de la demanda por caducidad de la acción ejecutiva que presentó contra la UGPP.

Extracto: “Aduce la parte actora que el Tribunal Administrativo de La Guajira con la providencia del 23 de septiembre de 2015 vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustancial y desconocimiento de precedente porque declaró la caducidad de la acción ejecutiva que presentó contra la UGPP sin tener en consideración el término de 18 meses previsto en el numeral 4 del artículo 177 del C.C.A., ya que es a partir de su vencimiento que se debe contabilizar, como lo expuso el Consejo de Estado, Sección Segunda , en providencia que afirma fue desatendida por el accionado… resulta evidente que el Consejo de Estado es claro en señalar que para efectos de contabilizar la caducidad de las acciones ejecutivas, cuyo título valor es una sentencia judicial, es necesario recurrir, entre otros, al contenido del inciso 4 del artículo 177 del C.C.A., para concluir que la misma será exigible al vencimiento de los 18 meses a los que alude dicho precepto tal y como lo señala la parte actora en su escrito de tutela y contrario a la conclusión a la que arribó el Tribunal accionado… la Sala concluye que, en efecto, el Tribunal tutelado en la providencia enjuiciada omitió la aplicación del inciso 4o del artículo 177 del C.C.A., pues se insiste si bien a dicho precepto se aludió de manera genérica, al momento de resolver el caso preciso de la señora Díaz, su decisión la fundó únicamente en el contenido de los artículos 136 y 176 de esa codificación. Sin perjuicio de lo anterior, si en gracia de discusión la Sala admitiera que las conclusiones expuestas de manera general por el Tribunal accionado en la providencia cuestionada, sirvieran de fundamento para confirmar la decisión de declarar la caducidad de la acción ejecutiva, se debe afirmar que dicha postura resulta contradictoria de la expuesta por el Consejo de Estado, en la providencia que la parte actora aduce como desatendida, la cual como ya antes se expuso es clara en señalar que el término de caducidad de cinco años -numeral 11 del art. 176 del C.C.A.- se debe contabilizar una vez fenecido el plazo de 18 meses de los que trata el inciso 4 del art. 177 de la misma codificación, conducta que también resulta vulneradora del derecho fundamental al debido proceso de la tutelante porque incluso la autoridad judicial en la providencia cuestionada omitió sustentar de manera amplia y suficiente las razones por las cuales se apartaba de la tesis del Consejo de Estado.

Conclusión del Consejo de Estado:

Por las anteriores razones la Sala concluye que la providencia atacada en la presente acción de tutela vulnera el derecho al debido proceso que le asiste a la parte actora en la medida que el Tribunal tutelado incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, como antes se expuso. En consecuencia, se procederá a decretar el amparo requerido y a ordenar al Tribunal Administrativo de La Guajira que dicte una decisión de remplazo en la que se tenga en consideración lo expuesto en el presente fallo”.

Fuente: Consejo De Estado, Sentencia De 21 De Enero De 2016, Exp. 11001-03-15-000-2015- 02940-00(AC), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez


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