EN UNA MISMA VÍA (DIRECTA O INDIRECTA) NO ES POSIBLE MEZCLAR O CUESTIONAR ASPECTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS, ELLO CONVIERTE LA ACUSACIÓN EN UN ALEGATO DE INSTANCIA – DEBEN PLANTEARSE POR SEPARADO – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN

Compartir artículo:

  1. Se tiene entonces que en la acusación el censor hace una indebida mixtura de las dos vías mediante las cuales se puede atacar la violación de la Ley sustancial, esto es, la directa y la indirecta, pues involucra simultáneamente y en un mismo cargo, discernimientos tanto de índole jurídica como fáctica, cuando ellos han debido plantearse por separado y mediante las sendas de violación apropiadas, siguiendo el rigor técnico del recurso extraordinario de casación.

  1. El casacionista, en el desarrollo del cargo, plantea alegaciones contra el fallo proferido por el juez de primera instancia, cuando es sabido que en el recurso extraordinario solamente es procedente dirigir el ataque contra la decisión del Tribunal, a no ser que se trate del recurso per saltum previsto en el CPT y SS, Art. 89, que si está orientado a la sentencia de primer grado, que no es el caso que nos ocupa.

8.- Aunado a todo lo anterior, la censura presenta una argumentación que más que, la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, sin observar que como lo enseña la jurisprudencia, para su estudio de fondo debe la acusación ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido, lo cual en el asunto bajo  escrutinio no se acató.

Luego, como es sabido que el recurso extraordinario no es una tercera instancia y que la finalidad de la impugnación es la de controvertir la legalidad de la sentencia del juez de apelaciones, la cual está cobijada por la presunción de que todas sus consideraciones son ajustadas a la ley, le correspondía al impugnante la carga de cuestionar de manera puntual y objetiva los posibles desaciertos en que pudo incurrir el ad quem, de  manera que la Sala pueda identificar, sin duda alguna, el motivo de su reparo, para así delimitar el ámbito de su competencia y decidir de fondo el recurso.

 

Fuente:

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

Magistrado Ponente

AL1786-2014

Radicación n° 61963

Acta n°. 11

Bogotá, D.C., dos (2) de abril de dos mil catorce (2014).


SENTENCIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

 

 

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

Magistrado Ponente

 

AL1786-2014

Radicación n° 61963

Acta n°. 11

 

 

Bogotá, D.C., dos (2) de abril de dos mil catorce (2014).

 

Procede esta Sala a revisar la demanda de casación presentada por la parte demandante, contra la sentencia dictada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de febrero de 2013, en el proceso ordinario adelantado por ROBERTO OSPINA RESTREPO contra el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, con el fin de determinar si ésta reúne los requisitos establecidos en el CPL y SS, Art. 90, en concordancia con el D. 528/1964, Art. 63 y proceder a su calificación.

 

  1. ANTECEDENTES

 

ROBERTO OSPINA RESTREPO instauró demanda ordinaria laboral contra el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, con el fin de que se declare que fue despedido injustamente y que las sanciones impuestas «mediante autos 740-1808 y 694», fueron «ilegales». Como consecuencia de las anteriores declaraciones, que se condene al ente territorial accionado a reintegrarlo a un cargo similar al que venía ocupando y a cancelarle los salarios dejados de recibir, las primas legales y extralegales, las sumas descontadas por concepto de sanciones impuestas, la indexación de tales emolumentos, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso.

 

Concluido el trámite de primera instancia, el Juzgado de conocimiento, que lo fue el Segundo Adjunto al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia de fecha 30 de septiembre de 2010, absolvió al demandado de las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a cargo del accionante.

 

Al resolver el recurso de apelación propuesto por el actor, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante el fallo impugnado en casación, confirmó la del a quo y condenó al demandante al pago de las costas de la segunda instancia.

 

Contra dicha decisión, el apoderado del accionante, interpuso recurso de casación el cual fue concedido por el juez de apelaciones y admitido por esta Corporación.

 

En el escrito con que se pretende sustentar el recurso extraordinario (folios 5 a 53), el recurrente invoca como causal de casación, la primera consagrada en el CPL y SS, Art. 87 y acusa a la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial «POR VÍA DIRECTA EN LA MODALIDAD DE APLICACIÓN INDEBIDA Y POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA de la convención colectiva de trabajo especialmente e (sic) con la CLAUSULA (sic) 22 DECRETO 074 DE 1980, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 13, 29, 48 Y 53 de la Constitución Política y 1 y 13[,] 17, 22, 31, de la Ley 100 de 1993; articulo (sic) 8° de la Ley 153 de 1987; artículo 16 de la ley 446 de 1998; 307 del C.P.C[.] los artículos los Artículos (sic) “…4, 19 y 492 del del (sic) Código Sustantivo del Trabajo; Artículo 17 de la Ley 153 de 1.887; Artículos 27, 28, 1546, 1552, 1613, 1614, 1617, 1618, 1646 del Código Civil; 1°, 11, 17 literal b) de la Ley 6ª de 1.945, ley 4ª de 1966 Articulo (sic) del Código de Comercio; Artículos 47 a 49 del Decreto 2127 de 1.945; Articulo (sic) 2° de la Ley 65 de 1.946; Artículo 6° del Decreto 1160 de 1.947; artículo 5° del Decreto 1743 de 1.966; Decreto Ley 3135 de 1.968; artículo 3° del Decreto Reglamentario 1848 de 1.969. Artículo 116 de la Ley 6° de 1.992; Decreto 2108 de 1.992 y D 2400…..;  Artículo 261 C.L., Artículo 413 del Código Pena (sic) ley 599 de 2000 o Código Penal Leyes 10 de 1972 y 4° de 1976, sentencia C-1078 de 2002 declaro (sic) la inexequibilidad del literal e del inciso 2° del artículo 47 de la ley 734 de 2002, artículos 25, 27, 40, 41, 42 a 45, 174, decreto con fuerza de ley 2400 de 1968, sentencia C- 539 de 2011.»

Señala que la demanda de casación está encaminada a que esta Sala CASE TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, REVOQUE la del a quo.

 

Seguidamente, aduce que el Municipio de Medellín «obró de mala fe con el demandante al falsificar el Formato de Contrato de Trabajo firmado» con el demandante, en detrimento de éste y que el tema del debate se debe centrar en los autos 740-1808 y 694, pues en ellos se fundó la terminación de la relación laboral. A continuación, transcribe in extenso lo consignado en el «auto N° 694», para señalar que se encuentra plenamente desvirtuada la presunta falta disciplinaria endilgada al actor, toda vez que no se le realizó la prueba de alcoholemia y los testimonios no ofrecen certeza sobre el supuesto «estado de embriaguez» en el que se presentó aquel a laborar, o sobre la eventual ausencia del puesto de trabajo.

 

Así mismo, manifiesta que en una misma investigación disciplinaria se adelantaron dos presuntas faltas cometidas por el trabajador, con lo cual se vulneró su derecho de defensa, pues además, las sanciones que se le impusieron fueron calendadas con fechas diferentes para justificar el despido.

 

Refiere que en las tres presuntas faltas que sirvieron de sustento al Municipio de Medellín para su despido, se advierten procedimientos irregulares en tanto el ente territorial actuó «como juez y parte»; que el juzgador de primera instancia no observó si el accionado realmente aportó los documentos solicitados en la demanda; que la jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional, ha contemplado «LA EMBRIAGUEZ COMO UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL»;  que como “CAUSA DE DESPIDO, no está justificada (…) para despedir a un trabajador», por lo que es procedente el pago de la indemnización prevista en el «art. 212, párr. 4° de la ley de contrato de trabajo»; que debe respetarse el principio de inmediatez «por lo que resulta injustificado el despido fundado en la embriaguez del trabajador, pues la falta de contemporaneidad entre el despido y la injuria da lugar a tener por consentido dicho incumplimiento contractual»; que el alcoholismo es una «enfermedad incurable» y que una vez advertida por el empleador, éste debe buscar la rehabilitación del trabajador.

 

Afirma, que el fallo de primera instancia «acepto (sic), aunque no reconoció el derecho que la forma de desvinculación de un trabajador Oficial es por medio de una resolución, siguiendo las directrices de la Convención Colectica de trabajo para el despido», y que el Tribunal confirmó la decisión «sin tener un argumento» por lo cual incurrió en varios «desaciertos».

 

Sostiene que las magistradas integrantes de la Sala que decidieron la segunda instancia en el sub lite, al proferir la decisión, incurrieron en el delito de prevaricato por acción, pues desconocieron los precedentes de los «Tres «Máximos Organismos Constitucional, Laboral y Administrativo» y no observaron las reglas del debido proceso y el principio de legalidad que «debe[n] regir la administración pública». Seguidamente, elabora algunas apreciaciones personales acerca de la medida de Descongestión Laboral ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura y de supuestos inconvenientes que ha tenido en otros procesos a su cargo, así como en un asunto disciplinario adelantado en su contra.

 

Señala, como «ERRORES DE DERECHO» en que incurrió el Tribunal:

 

Desconocer y dejar de aplicar en forma correcta e imparcial, los aspectos Normativos enlistados en las Convenciones Colectivas de Trabajo, y demás Normas que señalan el procedimiento legal, para imponer sanciones y despido de los trabajadores Oficiales y aplicar imparcialmente la ley 734 de 2002 (…).

 

No dar por demostrado estándolo, que el demandado modifico (sic) unilateralmente el contrato de trabajo a termino (sic) indefinido celebrado con el demandante, a demás (sic) que el demandado incurrió con esa modificación unilateral en el delito de falsificación de documento Público (…)

 

Dar por demostrado sin estarlo, que los espacios en blanco dejados en un contrato sea cual fuere su causa, no generan ninguna nulidad y que tampoco generan ninguna responsabilidad para el Empleador (…)

 

No dar por demostrado estándolo, que con la modificación unilateral del contrato de trabajo a termino (sic) indefinido, se presento (sic) una falsificación unilateral de la firma del demandante (…).

 

No dar por demostrado, que esa sota (sic) modificación unilateral del contrato de Trabajo que inicialmente firmo (sic) el demandante, genera una nulidad absoluta que dubio (sic)

ser declarada por el Funcionario Judicial a fin de que se le garantizara el derecho fundamental al debido proceso.

 

No dar por demostrado estándolo, que en el auto 694 de 2006 se estaban investigando dos presuntas faltas disciplinarias una por la “inasistencia” a laborar por parte del demandante y la otra por el mismo haberse presentado a laborar al puesto de trabajo en “estado de embriaguez” o “enguayabado”.

 

No dar por demostrado, estándolo que el demandado no pudo demostrar fehacientemente, con la prueba de alcoholemia que el demandante efectivamente se encontraba enguayabado (…).

 

Dar por demostrado sin estarlo, que (…) el hecho de que el demandante se presentara en estado de Guayabo a su puesto de trabajo eran causales para imponerle al demandante unas sanciones tan drásticas de multas y de suspensión en el ejercicio del cargo y por ende causales para que el demandado diera por terminada la relación laboral del demandante injustamente.

 

Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante incurrió en una inasistencia a su puesto de trabajo unas fechas (…) que ni siquiera el demandado pudo comprobar dada la incongruencia de sus propios informes (…).

 

Dar por demostrado sin estarlo, que la presunta inasistencia al frente de trabajo por parte del demandante fue como la señalada por la entidad en sus Informes lo cual presuntamente incurrió en marzo de 2007.

 

No dar por demostrado estándolo que el demandante si asistió a su puesto de trabajo pero unilateralmente el capitán de cuadrilla (…), presuntamente lo devolvió para la casa excusándose en que se encontraba enguayabado (…).

 

Dar por demostrado, sin estarlo que los superiores del demandante arribaron a esa conclusión de Guayabo del trabajador en hechos a su mera subjetividad, y a la vez dar plena validez de la prueba testimonial, en el entendido que fue esta (sic), quien (sic) señalo (sic) categóricamente al demandante de haber cometido presuntamente unas faltas disciplinarios (sic) que como ellos mismo reconocen no existieron.

 

No Dar por demostrado, estándolo, que había fundamento probatorio legal mas (sic) suficiente para decidir libremente la litis, con fundamento en los presuntos autos y demás documentos que lo único que muestran es un grave error por parte de la demandad (sic) en aplicación del derecho.

 

Desconocer abiertamente el Magistrado Ponente en su decisión, las Convenciones Colectivas de trabajo suministradas por el Ministerio de protección (sic) Social.

 

ACEPTAR IRREGULARMENTE LA TESIS plasmada en el decreto 1675 de 2008 emanada por el alcalde Municipal, que violenta por completo el debido proceso al retirar del cargo al demandante con fundamento en sus causales que no existieron o que no se probaron.

 

Aceptar y dar pleno respaldo [a] la tesis del MUNICIPIO DE MEDELLIN (sic) sobre las decisiones injustas de despedir al demandante basado en unos auto[s] que no se les conoce radicado alguno lo que genera la violación sistemática al debido proceso contemplado en la constitución Nacional.

 

Dar por demostrado, sin estarlo que la segunda dual, integrada por dos magistrados, no estaba facultada para, Ejercer funciones como Magistrado en un cargo que esta (sic) creado por la ley (…).

 

Desconocer el Tribunal Superior de Medellín, (sic) por completo la Jurisprudencia de las altas cortes (…).

 

(…) esa corporación NO REALIZO (sic) EN DERECHO UN EXAMEN DE TODO EL MATERIAL PROBATORIO sino que baso (sic) en las la meras afirmaciones SUBGETIVAS (sic) que hicieron los testigos y e (sic) informantes pues de haberlo hecho con seguridad que HABÍA TENIDO LA SUFICIENTE CERTEZA PARA REVOCAR EL FALLO APELADO.

 

A continuación, refiere que el Tribunal incurrió en «Errores de derecho sobre la integración de la salas duales», por lo que considera que existe una violación al debido proceso «al quebrantarse el C.P.C., respeto (sic) a la integración de las Salas Laborales que no son Dos magistrados sino Tres (…) los que deben firmar las providencias judiciales» y por tanto, la sentencia del ad quem, «NO TIENE NINGÚN ASIDERO JURÍDICO» y representa una nulidad insaneable.

 

En el acápite que denominó «PRUEBAS NO APRECIADAS», acusa al Tribunal de:

 

No haber apreciado en forma legal el libelo introductorio de la demanda, con la historia laboral suministrada al demandante en el año 2007 por el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL (sic), aportada en formas (sic) legal al proceso. No haber apreciado correctamente como era su obligación, la certificación de semanas aportadas en otros tiempos y que no aparecían en la Historia laboral expedida por el centro de pensiones de Medellín y la suministrada por el Departamento de Conciliación del Instituto del Seguro Social (sic).

 

Para demostrar el cargo, afirma que la Convención Colectiva de Trabajo, Art. 8, que reproduce, reguló el procedimiento disciplinario para sancionar a los trabajadores oficiales, el cual, en virtud del «principio de favorabilidad» , le debió ser aplicado al actor, toda vez que no tenía derecho a ser incluido en la carrera administrativa como servidor público. Continúa con una descripción acerca de lo que considera debe entenderse como faltas leves, graves y gravísimas y trascribe la L. 734 de 2002. Art. 42.

 

Asevera, que en el caso del actor existieron dos sanciones para una misma conducta, con lo cual se vulneró el principio de non bis in idem; explica los alcances del D. 1888/1989, Art. 8, 9, 40 y 42 a 45 y refiere que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la L 734/2002, Art.47-2, relacionada con las faltas constitutivas de multa, por lo que considera que las sanciones impuestas al actor son «completamente ilegales»; reproduce el D 2127/1945, Arts. 17 a 22 y concluye que para que el empleador pueda dar término a la relación laboral, debe invocar las justas causas que consagra la ley, las cuales trascribe y expone el sentido de las mismas.

 

Finalmente, aduce argumentos por los cuales considera viable la indexación de los valores adeudados, así como el pago de los intereses moratorios que reclama y solicita a la Sala que requiera al Municipio de Medellín, a fin de que allegue las pruebas solicitadas en la demanda y libre oficio a fin de obtener la convenciones colectivas de trabajo para «que obren en forma legal en el expediente».

 

  1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Revisado el escrito que contiene la demanda de casación, la Sala observa que adolece de graves deficiencias técnicas, que no es posible subsanar de oficio por razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario, pues de conformidad CPL y SS, Art. 90, la demanda de casación debe reunir una serie de requisitos que, desde el punto de vista formal, son indispensables a efectos de que la Corte pueda proceder a la revisión del fallo impugnado.

 

Así, es necesario que el recurrente, a más de  designar con exactitud las partes del proceso, indicar la sentencia objeto del recurso, relatar sintéticamente los hechos del litigio y formular clara y coherentemente el alcance de su impugnación,  exprese los motivos de casación indicando el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que estime violado y el concepto de la violación, esto es, si lo fue por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; y en caso de que considere que la infracción ocurrió como consecuencia de errores de derecho o  de hecho al apreciar las pruebas, debe singularizarlas y expresar la clase de error que estima se cometió.

 

Pues bien, las deficiencias a las que se alude, se detallan a continuación:

 

  1. Pese a que el censor refiere que la vulneración de la Ley se dio por vía directa, lo cierto es que del desarrollo del cargo la Sala percibe que el sendero escogido para erigir la acusación, es el indirecto. Por tanto, se asumirá que tal irregularidad no constituye más que un lapsus calami.

 

Sin embargo, el censor incurre en el error inexcusable de señalar que la sentencia del Tribunal viola la Ley sustancial, en la modalidad de «aplicación indebida y por interpretación errónea (…)», lo cual resulta contradictorio por tratarse de conceptos de violación excluyentes entre sí, pues el sentenciador no puede dejar de aplicar e interpretar equivocadamente idénticos preceptos sustanciales, de manera simultánea.

 

En efecto,  mientras en la primera de las modalidades referidas, se entiende que la violación de la ley sustancial ocurre, entre otras razones, por haberse aplicado a un caso no regulado en la disposición legal, en el segundo se parte del supuesto de que la preceptiva que emplea el fallador es la que corresponde, pero le dio un entendimiento contrario.

 

Entonces, dichos submotivos de violación no pueden invocarse simultáneamente respecto de una misma norma, por ser modos distintos de trasgresión de la ley sustancial, con origen diferente.

 

  1. Ahora bien, señala el recurrente como vulnerada por el ad quem, «la convención colectiva de trabajo especialmente e (sic) con la CLAUSULA (sic) 22». Sobre este punto, es preciso señalar que ha sido pacífica la jurisprudencia de esta Sala, al afirmar que las cláusulas convencionales, pese a su importancia en la regulación de las relaciones laborales, no tienen el alcance nacional de las normas del trabajo, que son las únicas cuya violación es posible denunciar ante la Corte, con miras a obtener el quebrantamiento de una sentencia.

 

Así pues, no puede ser denunciada en casación la violación de una disposición convencional, por aplicación indebida o interpretación errónea, como si se tratare de una ley, en tanto aquella sólo tiene el carácter de prueba respecto de los hechos y excepciones planteados por las partes en litigio. De ahí que su examen solo procede por la vía indirecta, para lo cual resulta forzoso plantear la presencia de errores de hecho en la decisión acusada, provenientes de la falta de apreciación o  de la estimación equivocada de una cláusula convencional, situación que en el sub lite no se efectuó.

 

Como si lo anterior fuese poco, si el casacionista pretendía el reconocimiento y pago de acreencias laborales derivadas del supuesto despido injusto, debido a la no aplicación de la disposición convencional señalada en precedencia, era su obligación señalar como violado el CST Art. 467, pues es este el precepto legal de alcance nacional que consagra que tal clase de actos jurídicos tiene por objeto fijar las condiciones de trabajo durante su vigencia, lo cual admitió por completo.

 

  1. El recurrente refiere que el Tribunal al proferir el fallo impugnado cometió los «errores de derecho» que se relacionaron en el itinerario procesal. Empero, ninguno de ellos puede ser catalogado como tal, pues no se determinó cuál es la prueba que el Tribunal admitió sin tener el carácter de solemne, o cuál es el medio de convicción que no tuvo en cuenta para probar un hecho en específico, cuando la ley exija una solemnidad ad substantiam actus.

 

Así, pese a que la censura alude a que el demandado modificó unilateralmente el contrato de trabajo suscrito con el actor, que no le practicó prueba de alcoholemia alguna y que le dio plena validez a la prueba testimonial a efectos de dar por terminado el contrato de trabajo, tales alegaciones de ninguna manera constituyen un error de derecho, pues se reitera, éste se presenta cuando se da por acreditado un hecho con un elemento probatorio cualquiera, cuando la ley exige para su comprobación una prueba solemne, o cuando no se ha apreciado, debiendo hacerlo, una probanza de esa naturaleza, que es condición para la validez sustancial del acto que contiene. Tales situaciones no se vislumbran en este asunto.

 

  1. Si lo que eventualmente pretendía el casacionista, era restarle valor probatorio a los elementos de juicio en que fundó el Tribunal su decisión, por razón de su aducción, aportación, práctica o decreto, el ataque como es sabido debió orientarse por la vía directa, que es la adecuada para combatir tal cuestionamiento y no acudir, como aquí sucedió, al sendero de los hechos.

 

 

 

  1. Igualmente, el recurrente plantea lo concerniente a los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, puntos que llevan consigo discernimientos jurídicos y no admiten su acusación por la vía de los hechos, ya que el juicio propio para establecer si con su proveído el juez de alzada violó las disposiciones superiores que los consagran, es el de la senda del puro derecho y no la fáctica escogida.

 

 

  1. Se tiene entonces que en la acusación el censor hace una indebida mixtura de las dos vías mediante las cuales se puede atacar la violación de la Ley sustancial, esto es, la directa y la indirecta, pues involucra simultáneamente y en un mismo cargo, discernimientos tanto de índole jurídica como fáctica, cuando ellos han debido plantearse por separado y mediante las sendas de violación apropiadas, siguiendo el rigor técnico del recurso extraordinario de casación.

 

  1. El casacionista, en el desarrollo del cargo, plantea alegaciones contra el fallo proferido por el juez de primera instancia, cuando es sabido que en el recurso extraordinario solamente es procedente dirigir el ataque contra la decisión del Tribunal, a no ser que se trate del recurso per saltum previsto en el CPT y SS, Art. 89, que si está orientado a la sentencia de primer grado, que no es el caso que nos ocupa.

 

8.- Aunado a todo lo anterior, la censura presenta una argumentación que más que, la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, sin observar que como lo enseña la jurisprudencia, para su estudio de fondo debe la acusación ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido, lo cual en el asunto bajo  escrutinio no se acató.

 

Luego, como es sabido que el recurso extraordinario no es una tercera instancia y que la finalidad de la impugnación es la de controvertir la legalidad de la sentencia del juez de apelaciones, la cual está cobijada por la presunción de que todas sus consideraciones son ajustadas a la ley, le correspondía al impugnante la carga de cuestionar de manera puntual y objetiva los posibles desaciertos en que pudo incurrir el ad quem, de  manera que la Sala pueda identificar, sin duda alguna, el motivo de su reparo, para así delimitar el ámbito de su competencia y decidir de fondo el recurso.

 

  1. De otra parte, en cuanto a la solicitud elevada por el memorialista, en el sentido de ordenar al ente territorial accionado allegar las pruebas solicitadas en la demanda y de librar oficio a fin de obtener las convenciones colectivas de trabajo, para «que obren en forma legal en el expediente», no debe olvidarse que la función de la Corte en sede de casación no es la de pronunciarse sobre los temas controvertidos dentro del debate procesal, ni menos reabrir las instancias, por ello, en principio, no es posible la aducción de ningún medio de convicción en el trámite de este medio de impugnación, pues el objetivo del presente recurso extraordinario no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de decidir a cuál de los litigantes le asiste la razón. Ha de recordarse que la labor en la esfera casacional -previa formulación en debida forma de la  acusación-, se limita a enjuiciar la legalidad de la  sentencia, con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al proferirla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir rectamente el conflicto, apoyado en las pruebas que regular y oportunamente se allegaron al proceso. Por tanto, resulta a todas luces improcedente lo peticionado.

 

  1. Finalmente, es de señalar que dado el aludido propósito del recurso extraordinario, éste no es el mecanismo apropiado para ventilar la argumentación del censor, conforme a la cual, busca poner de presente la comisión de unas supuestas conductas punibles e irregularidades funcionales, en las que afirma incurrió la Sala de decisión que resolvió la segunda instancia en el sub lite. En efecto, el memorialista cuenta con los mecanismos legalmente dispuestos para acudir ante las autoridades, a fin de exponer sus aseveraciones al respecto. En consecuencia, aquéllas no conciernen a la sustentación de una demanda de casación.

 

 

Así las cosas, la entidad de los errores de técnica, asociados al desconocimiento de las reglas básicas que regulan el recurso extraordinario de casación, impide a la Corte el examen propuesto y, en consecuencia, se declarará desierto el recurso extraordinario.

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

 

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el recurso de casación presentado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de febrero de 2013, en el proceso ordinario adelantado por ROBERTO OSPINA RESTREPO contra el MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

 

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente al Tribunal de origen.

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

 

 

 

 

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

 

 

 

 

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

 

 

 

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

 

 

 

 

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

 

 

 

 

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

 

 

 

 

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

 

 

 

 

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE


Compartir artículo:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *