EXEQUATUR DIVORCIO MIAMI FLORIDA

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado Ponente

 

 SC12886-2015

Radicación n° 11001-02-03-000-2012-02133-00

(Aprobado en sesión de veintinueve de julio de dos mil catorce)

 

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015)

 

Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur promovida por Lina María Buitrago Díaz, respecto de la sentencia dictada el 6 de noviembre de 2007, por el Tribunal de Justicia del 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América.

 

  1. ANTECEDENTES

 

  1. La pretensión

 

La demandante, a través de apoderado judicial, solicita homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decretó el divorcio del matrimonio que contrajo la accionante con el señor Carlos Alberto Vargas García. [Folio 61]

 

 

  1. Los hechos

 

  1. El 2 de abril de 2001, en la Notaría Treinta y Seis de Bogotá, la accionante contrajo nupcias con Carlos Alberto Vargas, ciudadano colombiano.

 

  1. Durante la unión la pareja procreó un hijo de nombre Lukas Vargas Buitrago.

 

  1. El 15 de octubre de 2007, los esposos, decidieron terminar su enlace, por lo que firmaron un convenio para divorciarse de mutuo acuerdo y liquidar la sociedad conyugal, así como para regular la custodia y los gastos de manutención del niño.

 

  1. En virtud de lo anterior, la señora Lina M. Vargas, presentó petición ante el Tribunal de Justicia de 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, para que se aprobara el pacto y se declarara la ruptura de la relación matrimonial.

 

  1. Surtido el trámite correspondiente el juzgador foráneo, en sentencia de 6 de noviembre de 2007, accedió a las pretensiones, esto es, a la disolución del vínculo existente y, ratificó el acuerdo regulador de las partes.

 

  1. El trámite del exequátur

 

  1. El 20 de noviembre de 2012, se admitió la demanda, y se corrió el traslado de rigor a los agentes del Ministerio Público. [Folio 66, c.1]

 

  1. La funcionaria del ente de control, delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas al exequátur, manifestó que encontraba procedente otorgar efectos jurídicos a la decisión de divorcio, por cuanto aquella no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en el territorio colombiano, está debidamente ejecutoriada, no se pone a los principios y leyes de orden público colombiano y aparece revestida de las formalidades legales. [Folio 69 y 74, c.1]

 

  1. La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles se pronunció sobre los hechos afirmados en el libelo, manifestando que son ciertos y agregó, que no se oponía a las pretensiones siempre y cuando la providencia materia de homologación, reúna los requisitos de Ley. [Folio 88, c.1]

 

  1. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se ordenó librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que a través del Consulado de Colombia en el Condado de Dade, Florida, obtuviera, legalizara y remitiera con destino al proceso, copia auténtica y certificada con indicación de su vigencia actual de los textos legales de conformidad con los cuales es permitido en el territorio del Estado de Florida, la ejecución de sentencias judiciales extranjeras proferidas en materia de divorcio. [Folio 92]

 

  1. Finalmente se corrió traslado para alegar, conforme lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 695 del Código de Procedimiento Civil. [Folio 345, c.1]

 

  1. CONSIDERACIONES

 

  1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces de naciones extranjeras tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

 

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otros Estados se les otorgue validez en el nuestro siempre y cuando en aquéllos se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.

 

La reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió la sentencia se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre Colombia y esa nación, de modo que en su territorio se le otorgue valor a los fallos pronunciados por la jurisdicción colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, en la consagración en ambos países de disposiciones  legales con igual sentido.

 

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que «[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia».» (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 May 2012, Rad. 2008-02100-00)

 

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

 

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer «a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento».

 

  1. En el asunto que se analiza, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que «entre Colombia y Estados Unidos no existe un tratado general vigente ni legislación sobre el reconocimiento recíproco de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos países» [folio 96], es decir sobre la homologación de sentencias entre Colombia y Estados Unidos en temas civiles, por lo que no existe evidencia de la reciprocidad diplomática entre ambas naciones sobre el tema que es objeto del exequátur.

 

Empero de las pruebas recaudadas en el expediente se desprende la de orden legislativo.

 

Así, a instancia del interesado se obtuvo copia auténtica del testimonio rendido en el proceso identificado con radicado No. 2011-00838, por la abogada Gisell C. Rosario, miembro del Colegio de Abogados de la Florida, quien manifestó que «los tribunales de Florida han aceptado durante mucho tiempo el principio de derecho civil de la cortesía [comity]. Cortesía es el principio de reciprocidad mutua mediante el cual una jurisdicción reconoce como válidas las acciones ejecutivas, legislativas y judiciales de otra jurisdicción. En general, se utiliza con objeto de reconocer y ejecutar decretos o sentencias extranjeros emitidos en otro país. Los tribunales de Florida reconocen todos los decretos o sentencias emitidos en el extranjero», siempre y cuando se trate de una sentencia válida, esto es, siempre que «(a) el estado en el cual se emite tenga jurisdicción para actuar legalmente en el caso, (b) se utilice un método razonable de notificación, así como una oportunidad razonable para escuchar a las personas afectadas, y (c) la sentencia extranjera no viole la política pública del Estado de la Florida».[1]

 

En idéntico sentido, se pronunció el abogado Hernán D. Cardeno, colegiado que cuenta con habilitación para ejercer en los tribunales de la circunscripción territorial señalada, quien manifestó que «[l]as autoridades en Florida, con objeto de reconocer las sentencias extranjeras emitidas fuera del país, se basan en la Ley de reconocimiento uniforme de la sentencia extranjera sobre divisas emitida fuera del país. En Florida, el reconocimiento de sentencias extranjeras emitidas fuera del país tiene lugar cuando una copia de la sentencia emitida en el extranjero se certifica de conformidad con las leyes de los estados Unidos de Norte América»; indicó además que «[s]egún la ley estatal, para que la sentencia extranjera emitida fuera del país sea reconocida, el tribunal extranjero (sistema judicial de Colombia), debe haber tenido jurisdicción personal sobre el demandado y jurisdicción sobre el asunto», y finalmente, enlistó los eventos en que no procede el reconocimiento de la sentencia, declaración de la que se allegó copia traslada del precitado trámite de exequátur[2].

 

De lo expuesto se infiere que dos son los fundamentos por los cuales en la Florida, Estados Unidos de América, se reconocen efectos a las sentencias judiciales extranjeras, el primero que podría llamarse el de analogía con base en la «Ley de reconocimiento uniforme de la sentencia extranjera sobre divisas”, y el segundo con base en el principio de la cortesía o comity.  Ha de recordarse, entonces que esta Corporación ha entendido la práctica judicial foránea como una forma de reciprocidad -de hecho- legislativa para aquellos países cuyo sistema jurídico le otorga tal fuerza vinculante a las decisiones judiciales.

La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en puntualizar que «la reciprocidad legislativa toma asiento, por su parte, al reconocérsele efectos jurídicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislación del país de donde proviene la decisión materia del exequatur, pues igual fuerza vinculante tendrán las decisiones de sus jueces en el Territorio Nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales escritos o en la práctica jurisprudencial imperante en el país de origen del fallo objeto de exequatur».[CSJ SC, 25 Sep 199, Rad. 5524, reiterado en SC, 20 May 2013, Rad. 2008-00405, SC, 18 Dic 2014, Rad-2005-002012-00]

 

Por consiguiente, se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces del Estado de la Florida, Estados Unidos de América, en virtud de la aludida reciprocidad.

 

  1. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad legislativa, sino que es necesario corroborar que la decisión que se somete al exequátur no contravenga el orden público, concepto sobre el que esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar que «no es más que la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de Salvaguardarlo». (CSJ SC, 8 Jul 2013, Rad. 2008-2099-00)

 

De ahí que la noción que se impone acoger es la de «orden público internacional», el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera «sólo para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice los principios fundamentales». (Ibídem)

 

La Corte ha enfatizado que en los trámites de exequátur «no existe inconveniente para un país [en] aplicar leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios», pues el significado del enunciado concepto en asuntos de esta índole se evidencia «la noción de orden público se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez o tribunal extranjero  que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado  que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles». (Ibídem)

 

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podría dar lugar a que aquélla no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas patrias.

 

A ese propósito, se corrobora que el procedimiento de divorcio fue promovido por la demandante, en virtud de que los dos cónyuges llegaron a un convenio regulador, en el que acordaron disolver su vínculo de mutuo acuerdo.

 

Documento, que el juzgador extranjero tuvo en cuenta al tomar su decisión y luego de comprobar dentro del trámite judicial que la voluntad de los esposos era real y que su acuerdo, confirmado individualmente, era libre y lúcido, accedió a las pretensiones y ordenó que la sentencia se inscribiera en el registro civil correspondiente, lo que guarda consonancia con lo establecido acá en Colombia, cuando el divorcio es de común aceptación.

 

De igual forma, tuvo por homologado el arreglo en los demás puntos que pactaron los cónyuges, la separación de bienes y la liquidación conyugal, así como las medidas respecto del hijo menor, entre ellas la residencia de éste, la patria potestad, régimen de visitas y alimentos.

 

Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contemplaba la regulación contenida en los artículos 154 y 164 del Código Civil, toda vez que se disolvió el vínculo matrimonial por consentimiento de ambos contrayentes.

 

En asuntos como el que es objeto del presente análisis, la jurisprudencia ha aceptado que los fallos que en el exterior declaren el divorcio del matrimonio civil son susceptibles de homologarse en Colombia, comoquiera que en aplicación del artículo 1º de la Ley 1ª de 1976 el domicilio en el extranjero de los cónyuges determina que «esa ley extranjera -la del domicilio conyugal que allí se tenga- es la reguladora de la procedencia, causa, procedimiento y clase de divorcio (incluyendo en éste, el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso)” por lo que “resulta compatible con dicha legislación y ejecutable en Colombia el divorcio decretado por mutuo acuerdo, tanto en los países extranjeros en que así lo reconozca su legislación, como el que se profiere en España en desarrollo de dicho convenio» (CSJ SC, 13 Oct 1999, Rad. 7298, citada en SC, 19 Dic 2012, Rad. 2011-00579-00).

 

  1. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3° de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copia debidamente ejecutoriada y legalizada de la aludida providencia, como enseguida se explica.

 

Se cumplen los requisitos de apostilla y traducción por intérprete oficial, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Además, la decisión está en firme, de conformidad con las leyes del Condado de Miami-Dade, Florida, tal y como puede extraerse de las pruebas allegadas al expediente [Folio 56].

 

En otra oportunidad, la Corte indicó que:

 

En el año 1998 a través de la ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación Diplomática o a través de Cónsul, por la colocación de un  sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

 

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos – incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado-, provenientes del extranjero y  a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del C. de P. C., para los documentos que no reúnen  las condiciones que allí se mencionan. 

 

  1. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual la parte actora pretende que surta efectos en el país, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues la decisiones contenidas en dicho proveído no es contraria a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico del divorcio.

 

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto de los referidos pronunciamientos no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

 

  1. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación jurisdiccional sometida al presente trámite.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. CONCEDER el exequátur de la providencia dictada el 6 de noviembre de 2007 por el Tribunal de Justicia del 11º Circuito Judicial en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, que decretó el divorcio del matrimonio que el 2 de abril de 2001, contrajeron Carlos Alberto Vargas García y Lina María Buitrago Díaz.

 

SEGUNDO. Para los efectos previstos en los artículos 6°, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Carlos Alberto Vargas García y Lina María Buitrago Díaz, y en el de nacimiento de aquéllos. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.

 

Sin costas en el trámite.

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

 

 

 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de la Sala

 

 

 

MARGARITA CABELLO BLANCO

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

 

 

 

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

 

 

 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

[1][1] Folio 303.

[2] Folios 323 y 324


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