EXEQUATUR DIVORCIO PARIS – FRANCIA – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
ID: 428147
NÚMERO DE PROCESO: 11001-02-03-000-2012-02241-00
NÚMERO DE PROVIDENCIA: SC10646-2015
CLASE DE ACTUACIÓN: EXEQUÁTUR
TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA
FECHA: 11/08/2015
PONENTE: ARIEL SALAZAR RAMIREZ
TEMA: DISOLUCIÓN DE MATRIMONIO CIVIL – Exequátur de sentencia proferida en París (Francia). La jurisprudencia colombiana acepta como homologables los fallos que en el exterior declaren el divorcio de matrimonio civil. Aplicación del artículo 1º de la Ley 1ª de 1976. Reiteración sentencia de 13 de octubre de 1999 y 19 de diciembre de 2012

SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO – Acreditación de ejecutoria con certificación apostillada conforme a la convención de la Haya del 5 de octubre de 1961.

ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL – Análisis de su alcance al estudiar la homologación de sentencia extranjera de divorcio. Reiteración sentencia de 8 de julio de 2013, expediente 2008-2099-00

RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA – No existe tratado entre Colombia y Francia que verse sobre reconocimiento recíproco de fallos extranjeros

RECIPROCIDAD LEGISLATIVA – La legislación Francesa permite la ejecución de providencias foráneas salvo aquellas relativas a bienes o de coerción sobre personas. La jurisprudencia colombiana acepta como homologables los fallos que en el exterior declaren el divorcio de matrimonio civil. Aplicación del artículo 1º de la Ley 1ª de 1976. Reiteración sentencia de 13 de octubre de 1999 y 19 de diciembre de 2012.

FUENTE FORMAL: Código Civil art. 154 / Código Civil art. 164 / Código de Procedimiento Civil art. 260 / Código de Procedimiento Civil art. 693 / Código de Procedimiento Civil art. 694 / Código de Procedimiento Civil art. 695 / Ley 7 de 1908 / Ley 1 de 1976 art. 1


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

 

 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado Ponente

 

                                                                   

 

SC10646-2015

Radicación n° 11001-02-03-000-2012-02241-00

(Aprobado en sesión de veinticuatro de junio de dos mil quince)

 

 

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil quince (2015)

 

 

Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur promovida por Gustavo Adolfo Arismendy Ramírez, respecto de la sentencia dictada el 1º de marzo de 2010, por el  Tribunal de Gran Instancia de Paris Asuntos Familiares, Sección C, Despacho 8º (Francia).

 

  1. ANTECEDENTES

 

  1. La pretensión

 

El demandante, a través de apoderado judicial, solicita homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decretó el divorcio del matrimonio que contrajo con la señora Véronique Nicole Chavy.

 

En consecuencia, pide que se inscriba la mencionada providencia en su registro civil de nacimiento y en el del matrimonio. [Folio 29]

 

  1. Los hechos

 

  1. El 27 de junio de 2003, en la Alcaldía de Paris, Distrito 20, el accionante contrajo nupcias con Véronique Nicole Chavy, ciudadana francesa.

 

  1. Durante la unión la pareja procreó un hijo de nombre Enzo Arismendy Ramirez.

 

  1. En el año de 2010, los esposos presentaron demanda conjunta de divorcio ante el Tribunal De Gran Instancia de la mencionada ciudad, Asuntos Familiares, Sección 8º.

 

  1. Surtido el trámite correspondiente el juzgador foráneo, en sentencia de 1º de marzo de 2010, accedió a las pretensiones, esto es, a la disolución del vínculo existente, luego de constatar la voluntad de ambas partes.

 

  1. El trámite del exequátur

 

  1. El 11 de enero de 2013 se admitió la demanda, y se corrió el traslado de rigor a los agentes del Ministerio Público. [Folio 36, c.1]

 

  1. La funcionaria del ente de control, delegada para la Defensa de la Infancia, Adolescencia y Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas al exequátur, manifestó que encontraba procedente otorgar efectos jurídicos a la decisión de divorcio, por cuanto aquella reunía los requisitos, por haberse tramitado el proceso con los rigorismos exigidos, además de que las partes aportaron un acuerdo que reglamenta los efectos de la disolución del vínculo, garantizando suficientemente los intereses de cada uno de los cónyuges y del hijo menor de edad, de conformidad con las leyes francesas, el cual fue homologado e incorporado fallo. [Folio 40 a 44, c.1]

 

  1. La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles indicó que se remitía al concepto referido en precedencia. [Folio 46, c.1]

 

  1. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se ordenó librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y la República de Francia existían convenios internacionales vigentes, sobre la reciprocidad en el reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos países; así como al Cónsul de nuestro país en Paris (Francia) para que enviara con destino al proceso, copia total o parcial, de la Ley vigente en dicho lugar en lo concerniente a la ejecución de la decisiones judiciales extranjeras en caso de que exista, y la referida al tema objeto de la homologación. [Folio 50]

 

  1. Finalmente se corrió traslado para alegar, conforme lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 695 del Código de Procedimiento Civil. [Folio 269]

 

  1. CONSIDERACIONES

 

  1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

 

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otros Naciones se les otorgue validez en la nuestra siempre y cuando en aquéllas se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.

 

La reciprocidad diplomática con el Estado en el cual se profirió la sentencia se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre Colombia y ese país, de modo que en su territorio se le otorgue valor a los fallos pronunciados por la jurisdicción colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del estatuto procesal, en la consagración en ambas naciones de disposiciones  legales con igual sentido.

 

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que «[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia».» (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 May 2012, Rad. 2008-02100-00)

 

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

 

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer «a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento».

 

  1. En el asunto que se analiza, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que una vez «revisado el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, no se encontró tratado bilateral vigente entre la República de Colombia y la República Francesa en materia de reconocimiento recíproco de sentencias judiciales» [folio 53], es decir, sobre la homologación de sentencias entre Colombia y Francia en temas civiles, por lo que no existe evidencia de la reciprocidad diplomática entre ambas naciones sobre el tema que es objeto del exequátur.

 

Empero y aunque de lo anterior se desprende la inexistencia de reciprocidad diplomática, de las pruebas recaudadas en el expediente se desprende la de orden legislativo.

 

Así, a instancia del interesado se obtuvo copia auténtica de la normatividad que regula el reconocimiento de las sentencias extranjeras en el territorio de Francia, en la que de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, «los fallos proferidos por los tribunales extranjeros y las actas recibidas por los funcionarios extranjeros son ejecutorios en el territorio de la República de la manera y en los casos previstos en la ley», salvo que se trate de «ejecución sobre bienes o de coerción sobre personas».

 

Por consiguiente, se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces del Estado de Francia, en virtud de la aludida reciprocidad.

 

  1. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad legislativa, sino que es necesario corroborar que la decisión que se somete al exequátur no contravenga el orden público, concepto sobre el que esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar que «no es más que la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de Salvaguardarlo». (CSJ SC, 8 Jul 2013, Rad. 2008-2099-00)

 

De ahí que la noción que se impone acoger es la de «orden público internacional», el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera «sólo para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice los principios fundamentales». (Ibídem)

 

La Corte ha enfatizado que en los trámites de exequátur «no existe inconveniente para un país [en] aplicar leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios», pues el significado del enunciado concepto en asuntos de esta índole se evidencia «la noción de orden público se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez o tribunal extranjero  que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado  que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles». (Ibídem)

 

En ese orden de ideas, únicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequátur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podría dar lugar a que aquélla no fuera objeto de homologación, pues al fallador, como asunto propio de su decisión, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinación se opone o no a los pilares de las instituciones jurídicas patrias.

 

A ese propósito, se corrobora que el procedimiento de divorcio fue promovido por ambos cónyuges, en virtud de que los dos llegaron a un acuerdo en tal sentido.

 

Documento, que el juzgador extranjero tuvo en cuenta al tomar su decisión y luego de comprobar dentro del trámite judicial que la voluntad de los esposos era real y que su acuerdo, confirmado individualmente, era libre y lúcido, accedió a las pretensiones y ordenó que la sentencia se inscribiera en el registro civil correspondiente, lo que guarda consonancia con lo establecido acá en Colombia, cuando el divorcio es de común acuerdo.

 

De igual forma, tuvo por homologado el acuerdo en los demás puntos que pactaron los cónyuges, tales como la no existencia de pensión compensatoria, por cuanto no había lugar a ella de conformidad con el artículo 271 del Código Civil Francés, así como la liquidación conyugal y las medidas respecto del hijo menor, entre ellas la residencia de éste, la patria potestad, régimen de visitas y alimentos.

 

Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contemplaba la regulación contenida en los artículos 154 y 164 del Código Civil, toda vez que se disolvió el vínculo matrimonial por consentimiento de ambos contrayentes.

 

En asuntos como el que es objeto del presente análisis, la jurisprudencia ha aceptado que los fallos que en el exterior declaren el divorcio del matrimonio civil son susceptibles de homologarse en Colombia, comoquiera que en aplicación del artículo 1º de la Ley 1ª de 1976 el domicilio en el extranjero de los cónyuges determina que «esa ley extranjera -la del domicilio conyugal que allí se tenga- es la reguladora de la procedencia, causa, procedimiento y clase de divorcio (incluyendo en éste, el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso)” por lo que “resulta compatible con dicha legislación y ejecutable en Colombia el divorcio decretado por mutuo acuerdo, tanto en los países extranjeros en que así lo reconozca su legislación, como el que se profiere en España en desarrollo de dicho convenio» (CSJ SC, 13 Oct 1999, Rad. 7298, citada en SC, 19 Dic 2012, Rad. 2011-00579-00).

 

  1. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3° de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copia debidamente legalizada de la aludida providencia, como enseguida se explica.

 

Se cumplen los requisitos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

 

En otra oportunidad, la Corte indicó que:

 

En el año 1998 a través de la ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación Diplomática o a través de Cónsul, por la colocación de un  sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

 

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos – incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado-, provenientes del extranjero y  a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del C. de P. C., para los documentos que no reúnen  las condiciones que allí se mencionan. 

 

  1. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia de la cual la parte actora pretende que surta efectos en el país, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden público, pues la decisiones contenidas en dicho proveído no es contraria a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico del divorcio.

 

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto de los referidos pronunciamientos no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

 

  1. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a las determinaciones jurisdiccionales sometidas al presente trámite.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. CONCEDER el exequátur de la providencia dictada el 1º de marzo de 2010 por el Tribunal de Gran Instancia de Paris, Asuntos Familiares, Sección C, Despacho 8º, Francia, que decretó el divorcio del matrimonio que el 27 de junio de 2003, contrajeron Gustavo Adolfo Arismendy Ramírez y Véronique Nicole Chavy.

 

SEGUNDO. Para los efectos previstos en los artículos 6°, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Gustavo Adolfo Arismendy Ramírez y Véronique Nicole Chavy, y en el de nacimiento de aquél. Por secretaría líbrense los oficios a que haya lugar.

 

Sin costas en el trámite.

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

 

 

 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de la Sala

 

 

 

MARGARITA CABELLO BLANCO

 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

 

 

 

 

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

 

 

 

 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

 


 

 

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