Incurre en vía de hecho el juez que rechace de plano demanda de impugnación de decisiones sociales por falta de agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad

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Este pronunciamiento es de trascendental importancia, en razón a que hemos conocido muchos casos de jueces que actualmente rechazan de plano las demandas de impugnación de decisiones sociales, tanto en materia de sociedades como de decisiones de asambleas y la jurisprudencia ha sido clara y reiterativa en establecer que estos asuntos no son conciliables.

Al resolver favorablemente acción de tutela por vía de hecho y a  pesar de que el demandante no ejerció los recursos debidamente, éste fue el sustento de la Corte Suprema de Justicia en Sala Civil:

“En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneración de las garantías constitucionales, la Sala concedió la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovió en forma oportuna el amparo, con el fin de «proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal». (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)

Igualmente, se ha admitido que en atención a la esencia de la acción bajo análisis,

(…) [É]sta no puede verse limitada por formalismos jurídicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad está supeditada a la verificación de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en parámetro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protección. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01)

  1. Así ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de la subsidiariedad, pues no se recurrió de manera oportuna el auto adiado 21 de julio de 2014 proferido por el Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá, es evidente que el fallador incurrió en una vía de hecho al rechazar de plano la demanda de impugnación de actas de asamblea de copropietarios, por no haberse agotado el requisito de conciliación prejudicial, previsto en el artículo 38 de la Ley 640 de 2001[1].

Lo anterior, debido a que en este tipo de procesos, como lo ha demarcado esta Corporación, no es necesario satisfacer aquella exigencia, porque la pretensión principal es la declaratoria de nulidad de actos del órgano comunitario, a partir de una verificación de criterios legales y estatutarios de la decisión, cuestiones que son ajenas a la voluntad de los interesados, es decir, no son susceptible de ser conciliadas o transigidas en los términos de los artículos 19, 35 y 38 de la Ley 640 de 2001[2], y por ende, deben ser ventiladas directamente en el marco de un proceso judicial.

En efecto, resulta diáfano que el legislador previó tal exigencia extraprocesal para aquellos asuntos donde la controversia es susceptible de ser resuelta por medio del acuerdo de voluntades de las partes, de ahí que las normas en comento establezcan que deberá intentarse tal mecanismo «… Si la materia de que trate es conciliable…», luego, no en todos los casos es posible requerir su agotamiento.

Sobre la impertinencia de tal requisito en el caso de la impugnación de actas de asamblea, bien sea que se trate de sociedades comerciales o de copropiedades residenciales, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos puntuales:

«…la conciliación prejudicial no aplica en asuntos como el sub examiné dado que la nulidad de las decisiones adoptadas en actas de asamblea no son conciliables (…)’las impugnaciones de la asamblea [que] pretende[n] la nulidad de alguna de las decisiones o de todas, como en el caso especial, [donde] se cuestiona la legalidad de las decisiones, no son objeto de conciliación así se tramite[n] por el procedimiento ordinario, puesto que aquí se ventila es, si se cumple con los estatutos de la persona jurídica y de la ley’. En conclusión, el tema objeto de estudio no era susceptible de la figura mencionada por cuanto no se enmarcaba  dentro de los criterios establecidos en el artículo 19 de la Ley 640 de 2001” (Providencia de 9 de noviembre de 2007, Exp. T. N°. 00270-01, reiterada en sentencia de 22 de abril de 2013, Exp. 00796-00 y sentencia de 18 de diciembre del mismo año, Exp. 02929-00). Subraya original.

  1. Si bien la jurisprudencia citada hace alusión específica a las demandas de impugnación dirigidas contra las actas de asambleas de sociedades mercantiles, el criterio allí sostenido es aplicable al sub lite, en la medida en que la finalidad en ambos procesos no es otra que la nulidad de las decisiones del órgano rector, porque no se ajustan a la legalidad o, en este caso, al régimen de propiedad horizontal.
  2. Así las cosas, ante la prosperidad del amparo por la protuberante vía de hecho en que incurrió el Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá al exigir el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en un asunto que no lo requería, se revocará el fallo impugnado y en su lugar, se concederá la protección constitucional solicitada.

ARTICULO 38. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN ASUNTOS CIVILES. Si la materia de que trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados.

ARTICULO 19. CONCILIACION. Se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros de conciliación, ante los servidores públicos facultados para conciliar a los que se refiere la presente ley y ante los notarios.

Fuente: Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Civil, Magistrado Ponente. Ariel Salazar Ramírez, Stc2673-2015, Radicación N.° 11001-22-03-000-2015-00020-01, (Aprobado En Sesión De Once De Marzo De Dos Mil Quince), Bogotá, D. C., Doce (12) De Marzo De Dos Mil Quince (2015).


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