LA CORTE EN CASACIÓN, NO PUEDE DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA CONFESIÓN FICTA POR INASISTENCIA DE REPRESENTANTE LEGAL A INTERROGATORIO DE PARTE – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL

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Como ya lo ha enseñado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral con persistencia «…a la Corte no se le permite determinar la existencia de la llamada confesión ficta, pues su competencia, en tanto actúa como Tribunal de Casación se limita a establecer, sin alterar para nada la valoración que al respecto haya realizado el fallador de instancia, si en la decisión impugnada se incurrió o no en una violación de la ley generada en la mala apreciación o falta de apreciación de esta prueba o de otro medio probatorio…»

(Ver sentencias de 14 de agosto de 1996, radicación 8498, 12 de julio de 2000, radicación 3738, 11 de septiembre de 2002, radicación 18306, 9 de abril de 2003, radicación 19474 y 5 de julio de 2003, radicación 20233).

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

Magistrada ponente

SL9859-2014

Radicación n.° 46998

Acta 25

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil catorce (2014)

 

 

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por YOLIMA DEL CARMEN VALLEJO LÓPEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de abril de 2010, en el proceso que instauró la RECURRENTE contra INDUSTRIA FARMACÉUTICA UNIÓN DE VÉRTICES DE TECNOFARMA S. A.

 

 

I.    ANTECEDENTES

 

Yolima del Carmen Vallejo López llamó a juicio a INDUSTRIA FARMACÉUTICA UNIÓN DE VÉRTICES DE TECNOFARMA S. A., con el fin de que se condenara a la reliquidación del auxilio de cesantía, sus intereses,  primas de servicio, por los años 2002 a 2004; sanción moratoria por falta de pago de cada uno de los anteriores conceptos y reliquidación de la indemnización por terminación sin justa causa del contrato de trabajo. Subsidiariamente la indexación de las condenas, las costas procesales y agencias en derecho.

 

Fundamentó sus 24 peticiones, en 85 hechos que pueden resumirse así: básicamente prestó servicios de Visitadora Médica en Bogotá, entre el 4 de junio de 2002 y el 29 de febrero de 2004; recibió sueldo básico más comisiones por ventas y cobranzas, además de viáticos para hospedaje y alimentación; para el 2002 devengó en promedio $2.406.607, en el 2003 $2.644.461 y en el 2004 $3.998.948, cifras con las se han debido liquidar las prestaciones respectivas; no tuvo llamados de atención ni queja alguna; la empresa consignó cada año el auxilio de cesantía, pero incompleto pues no tuvo en cuenta todos los factores salariales, como tampoco lo hizo para la liquidación de los intereses y de las primas de servicio; estando aún vigente el contrato reclamó y por ello fue despedida; otros empleados han demandado reclamando lo mismo y se les ha pagado; la empleadora no ha suspendido labores ni está en iliquidez o quiebra; no conoció reglamento interno de trabajo ni de higiene o seguridad industrial; el pago de aportes a seguridad social era tardío o por valor menor; agregó que recibió indemnización por despido por la suma $3.486.429, cuando ha debido ser $4.097.548 (fls. 3 a 17).

 

Al dar respuesta, la accionada se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos aceptó la existencia de la relación laboral, los extremos temporales, el cargo, la integración salarial de un básico y comisiones, además, el despido con el pago de  indemnización; indicó que la mora en la cancelación de la cesantía del 2002 obedeció a una crisis por liquidez financiera, pero que luego cubrió el monto sin que la demandante manifestara inconformidad; de los demás dijo no constarle o corresponder a apreciaciones subjetivas del apoderado.

 

En su defensa propuso la excepción previa de ineptitud de la demanda y de fondo las de inexistencia de causa y de la obligación e imposibilidad jurídica de deducirle obligaciones y responsabilidades, inexistencia del derecho, pago, buena fe, cobro de lo no debido y compensación (fls. 83 a 106).

 

 

  1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

 

El Juzgado 11 Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 30 de junio de 2009, condenó al pago de $37.263 por auxilio de cesantía, $732 por intereses, $382.298 por sanción por el no pago oportuno y $77.755 diarios desde el 29 de febrero de 2004 y hasta 24 meses más, de allí en adelante los intereses moratorios hasta cuando se verifique la cancelación, a título de indemnización moratoria y absolvió de las restantes pretensiones; declaró no probadas las excepciones y condenó en costas a la demandada (fls.414 a 422).

 

 

  • SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

 

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por decisión del 12 de abril de 2010, al desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes, revocó la del juez y en su lugar absolvió (folios. 11 a 22).

 

En lo que interesa al recurso extraordinario, se refirió a la declaratoria de confesión ficta en contra de la empresa en punto a la incorporación de unos documentos solicitados; explicó que aquella tiene carácter secundario y accesorio, pues solo ante la inexistencia de otro medio que acredite el supuesto de hecho perseguido, puede operar y para ello se remitió a la doctrina y al artículo 201 del C.P.C. que señala que toda confesión admite prueba en contrario; agregó que el Juez ni siquiera mencionó la referida declaración, porque encontró unas documentales con las cuales podía resolver el conflicto; indicó que aquella no se ajusta a los lineamientos jurisprudenciales fijados en la sentencia de casación radicado 25071 del 13 de marzo de 2006, de la que extrajo algunos apartes, pues, aseguró, el Juez, en la audiencia del 16 de junio de 2009 (folios 370 a 371) no especificó cuáles hechos eran los que se consideraban ciertos, lo cual resultaba improcedente de realizar al resolver la apelación.

 

Agregó que la solicitud de la parte actora de practicar una inspección judicial no era pertinente, según el artículo 83 del C. P. L y S.S.; que además el a quo la decretó y practicó y ordenó a la empresa la presentación de comprobantes de pagos que ella entregó e incorporó en 3 oportunidades, sin que el juez discriminara cuáles hacían falta y, que «posiblemente esa incertidumbre», justifica que se abstuviera de concretar los hechos susceptibles de confesión; que además el apoderado de la demandante participó en dichas diligencias, sin objetarlas, y que por el contrario, avaló el cierre del debate probatorio; de ese modo no evidenció ninguna irregularidad en el recaudo de la prueba.

 

Frente a las argumentaciones de la pasiva, dijo que el juez incurrió en «notorios errores de cálculo de las prestaciones ordenadas, generándose unas diferencias inexistentes y que deben ser corregidas, porque el a quo tomó exclusivamente los devengos del período febrero de 2004, registrados en el comprobante de pago obrante a folio 69, cuando jurídicamente correspondía incorporar también los ingresos de enero de 2004, pues hubo variación en el salario base de liquidación de los meses anteriores, principalmente por la irregularidad en el pago de la comisión variable reconocida»; realizó las operaciones aritméticas acordes con el anterior argumento y concluyó que no había saldo a favor de la demandante, por lo que absolvió a la demandada de todas las pretensiones.

 

 

  1. RECURSO DE CASACIÓN

 

Interpuesto por la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte.

 

 

  1. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

 

Pretende el recurrente que la Corte case la decisión recurrida, y en su lugar, «revoque en su totalidad la sentencia de segunda instancia, esta vez, condenando correcta y totalmente a la demandada de forma total, reitero y según todas las pretensiones de la demanda principal. Sobre costas decidirá lo pertinente».

 

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que mereció réplica.

 

 

  1. CARGO ÚNICO

 

Acusa la sentencia de «violar directamente la ley sustancial (errores iuris in judicando) por infracción directa cuando no se aplica la norma por el juez de primera instancia y el magistrado de segunda instancia»; cita los artículos 31 y 56 del C.P.T. y S.S., copia este último y anota que «la violación denunciada es consecuencia de la no aplicación de la anterior norma que correspondía aplicarse pero no se aplicó por ignorancia de la ley o por rebeldía en su contra, a pesar de que se entiende la norma en su verdadero sentido, comisión por efectuada por parte del señor juez de primera instancia, como del magistrado en segunda instancia así:

 

El Juzgado 11 Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá al decidir en primera instancia condenó a la empresa demandada a pagar unas sumas de condena de forma parcial, desconociendo todas las demás pretensiones dejando a cargo de la demandada las costas de instancia, y principalmente la declaración judicial e indiscutible e irrefutable de ella misma a folio 370 del proceso de conformidad con el Art. 56 del CPT y SS, demostrando con la realización de la prueba de inspección judicial, que los hechos 4 y hechos del 27 al 85 quedaron declarados como ciertos, como sagradamente se puede observar en los anteriores folios originales del proceso.

El Tribunal Superior Sala Laboral también desconoció que existe una declaración indiscutible e irrefutable de la Juez de primera instancia a folio 370 del proceso de conformidad con el Art. 56 del CPT y SS, demostrando con la realización de la prueba de inspección judicial, que los hechos 4 y hechos del 27 al 85 quedaron declarados judicialmente como ciertos, como se puede observar en los anteriores folios originales del proceso.

Y contra esa declaración la empresa demandada no entregó, no quiso, no se le dio el antojo, ninguna prueba que pudiera demostrar de forma inequívoca que esta declaración judicial de certeza no fuera real o cierta, todo lo contrario hasta la última audiencia, como se puede probar por fortuna, o entregó lo ordenado por la señora juez de primera instancia y por eso reitero declaro como ciertos los hechos 4 y 27 al 85 esta actuación judicial y procesal válida e irrefutable, no se puede desconocer de buenas a primeras, porque incluso se está incurriendo en una posible conducta prevaricadora por omisión, y más aún cuando no se hizo algún análisis detallado como es su obligación legal por parte de los honorable magistrados del Tribunal y como consta en sentencia de segunda instancia».

 

 

Copia los hechos aducidos en la demanda en los numerales 4 y 27 al 85, y continúa así: «No se aplicó la norma porque no se tuvo en cuenta que la demandada si incumplió con la forma y requisitos de la contestación de la demandada (sic) puesto que de acuerdo a lo establecido en el ART 31 DEL CÓDIGO PROCESAL LABORAL  modificado por la LEY 712 DE 2001 ART 18, no colocó según lo establecido en el art 31 del CÓDIGO PROCESAL LABORAL modificado por la LEY 712 DE 2001 ART 18 en el numeral 3 Un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos lo que se limitó fue a decir no es cierto y luego a decir si es cierto, en otras palabras, sin manifestar las razones de su respuesta y lo más importante acompañando las pruebas de su actuación declarando manifiestamente que el hecho de la demanda, Finalmente si es cierto y como tal deberá tenerse como probado. No colocó según lo establecido ART 31 DEL CÓDIGO PROCESAL LABORAL modificado por la LEY 712 DE 2001 ART 18 en el numeral 6 Las excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas simplemente y de manera escueta e inocua las mencionó pero por ninguna parte las fundamentó en debida forma, es decir con argumentos, y por supuesto de acuerdo al juicioso y diligente pronunciamiento con interpretación legal, por cada pretensión y hechos que la sustentan permitiendo desvirtuarlas, lo cual no pudo lograr, dejando los hechos y las pretensiones más firmes que nunca para beneficio del demandante. Para el caso que nos ocupa en dicha demanda se reclaman derechos ciertos e indiscutibles como lo son la obligación de que al momento de liquidación parcial o definitiva se deben tener en cuenta todos los factores salariales como lo son las horas extras y salarios efectivamente devengados y demostrados … Por último es muy importante señalar que al admitir la demanda en todas sus partes como se puede en probar con el auto admisorio, cada hecho queda convalidado de forma expresa y judicial como tal, es decir debe tener y apreciar como hecho con todos sus efectos jurídicos y legales como justamente se está exigiendo en esta sustentación».

 

 

  • RÉPLICA

 

 

Luego de resumir los hechos y las pretensiones, al igual que de la respuesta por ella dada, aseguró que los argumentos esgrimidos en la demostración del cargo repiten los consignados en el alegato de conclusión; que la juez no tuvo en cuenta la documental de folio 107 y además desconoció la excepción de inexistencia de la obligación, además la buena fe con que obró la empresa, por lo que erró al condenar.

 

Agregó que el salario era variable, que el contrato terminó unilateralmente, que no se explica por qué si desde el 2002 estaba incumpliendo las obligaciones, la actora  siguió vinculada, que además  nunca se quejó sobre los valores que ahora reclama; que la indemnización moratoria impuesta por el juez fue injusta y carecía de fundamento fáctico y por  ello  no puede prosperar el cargo; finalmente indica que el apoderado de la actora ha instaurado otros procesos contra la empresa sin ningún éxito, como tampoco puede tenerlo los que actualmente cursan en primera instancia.

 

  • CONSIDERACIONES

 

 

La acusación que plantea el recurrente, es una discusión de instancia que no tiene la entidad para derruir la sentencia del Tribunal, a través del medio extraordinario de la casación, pues nada se confronta sobre lo que fue objeto de discernimiento, por el juzgador, ni se sobreponen argumentos válidos para deslindar cómo pudo producirse la violación del orden jurídico.

 

Así mismo surge patente que el único cargo carece de proposición jurídica, pues solo se alude a los artículos 31 y 56 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, referidos, en su orden, a la forma y requisitos de la contestación de la demanda y a la renuencia de las partes a la práctica de la inspección, pero allí no se incorpora ninguna norma sustantiva de alcance nacional soporte de los derechos reclamados, lo cual desconoce lo dispuesto desde el artículo 90 del CPT y SS.

 

Por demás el cargo no confronta uno de los pilares de la determinación de segundo grado, esto es que no era posible deslindar los efectos de la confesión ficta declarada en el curso del proceso dado que no se habían individualizado los hechos que fueron tenidos como ciertos, lo cual fue vital para negar lo pretendido por la actora, y antes del cierre probatorio ningún reparo se hizo, en la que se señalaran irregularidades en la contestación.

 

Huelga indicar, en todo caso, que tal consideración del ad quem, no es equivocada, pues corresponde a la jurisprudencia decantada por esta Sala, en la que se ha sostenido que las referencias vagas e imprecisas a los hechos susceptibles de confesión, impiden determinar sus reales efectos al caso concreto, y que por tanto, no es viable aplicar la sanción jurídica prevista en el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

 

Así se ha considerado, entre otras en decisión CSJ SL 485/2013:

 

«Nótese que lo pretendido por el impugnante es que la Corte declare la existencia de una confesión ficta por la inasistencia del representante legal a la diligencia en la que se debió practicar el interrogatorio de parte.  Esta aspiración es improcedente, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala, al resolver casos análogos al que ocupa su atención, siendo por tanto aplicables los criterios allí expuestos».

 

En efecto, como ocurre en el presente caso, el juez laboral instructor no dejó constancia sobre las consecuencias que le acarrearía al representante legal del convocado a juicio su desacato a la práctica del interrogatorio de parte ordenado, frente a los hechos mencionados en precedencia, y por consiguiente no es viable pretender ahora, en el recurso extraordinario de casación se declare tal confesión ficta.  Como ya lo ha enseñado esta Corporación con persistencia «…a la Corte no se le permite determinar la existencia de la llamada confesión ficta, pues su competencia, en tanto actúa como Tribunal de Casación se limita a establecer, sin alterar para nada la valoración que al respecto haya realizado el fallador de instancia, si en la decisión impugnada se incurrió o no en una violación de la ley generada en la mala apreciación o falta de apreciación de esta prueba o de otro medio probatorio…» (Ver sentencias de 14 de agosto de 1996, radicación 8498, 12 de julio de 2000, radicación 3738, 11 de septiembre de 2002, radicación 18306, 9 de abril de 2003, radicación 19474 y 5 de julio de 2003, radicación 20233).

 

 

Ahora en cuanto a la contestación de la demanda es claro que, tal como lo refirió el juez plural la empresa se opuso a los supuestos fácticos iniciales, sin que le sea posible predicar la confesión en esta instancia se pretende, ni advirtió que se señalaran irregularidades luego de haberse aceptado en el trámite pertinente.

 

Por lo visto el cargo no prospera.

 

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente en cuantía de $3.150.000.

 

  1. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el doce (12) de abril de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por YOLIMA DEL CARMEN VALLEJO LOPEZ contra INDUSTRIA FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA S. A.

 

Costas como ya se dijo.

 

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Presidente de Sala

 

 

 

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

 

 

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

 

 

 

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

 

 

 

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

 

 

 

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

 

 

 

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE


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