PRESCRIPCIÓN ACCIÓN EJECUTIVA LABORAL

LA ACCIÓN EJECUTIVA LABORAL PRESCRIBE EN TRES (3) AÑOS

(La acción ejecutiva a continuación de un proceso ordinario prescribe a los tres (3) años Art. 151 CPT – No aplica el 2536 del C.C. por contar con norma procesal laboral especial)

 

 

 

“En relación con la acción ejecutiva a continuación de proceso ordinario, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia STL3128 de 11 de septiembre de 2013, radicado 33598, consideró lo siguiente: «No obstante lo anterior, y pese a que no hay lugar a que prospere la presente acción constitucional, extraña a esta Sala Laboral, la aplicación del artículo 2536 del C. C., por parte del Tribunal accionado cuando para ello hay norma especial como lo es el artículo 151  del C. P. del T. y de la S. S., que estatuye que “Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”, medida a la cual no hizo referencia el a quem, pese a que lo reclamado en el proceso ejecutivo se trataba de un derecho social que le fue reconocido a través de una sentencia judicial, situación que conllevaba a efectos de definir si resultaba exigible la obligación a cargo de la parte vencida, la necesidad inobjetable de su aplicación por ser una disposición propia del procedimiento laboral, escenario que de contera imposibilitaba emplear el artículo 2536 del C. C., ante la existencia de una disposición que gobernaba el asunto debatido»; criterio que utilizará esta Sala para apartarse de los argumentos expuestos por la parte recurrente, para acoger, en su lugar, la tesis expuesta por el juzgado de conocimiento, respecto de la aplicación del término de prescripción trienal de la acción ejecutiva, independientemente del tema de que se trata, salvo en aquellos asuntos en los que por su naturaleza especial sean imprescriptibles”.

 

Fuente:

 

Tribunal Superior Del Distrito Judicial Sala Laboral

Radicación No. 11001 31 05 013 2015 00295 01

Magistrada Ponente: Martha Ruth Ospina Gaitán

Bogotá D.C., A Los Nueve (9) Días Del Mes De Octubre De Dos Mil Quince (2015)

 

Fuente normativa:

 

CPT. ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.

 

 


 SENTENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA LABORAL

 

Radicación No. 11001 31 05 013 2015 00295 01

 

Magistrada Ponente: Martha Ruth Ospina Gaitán

 

En Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de octubre de dos mil quince (2015), a las 9:00 a. m., hora y fecha previamente señaladas para llevar a cabo audiencia pública de juzgamiento dentro del proceso ejecutivo laboral promovido a continuación ordinario por José Nacianceno Uchima Vinasco contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,  las suscritas Magistradas de esta Sala de Decisión se constituyen en ella, con el fin de resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra el auto dictado en audiencia pública especial de decisión de excepciones de mérito celebrada el 9 de septiembre de 2015 por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de esta ciudad.

 

Previa deliberación de las Magistradas, y conforme a los términos acordados, se procede a dictar el siguiente,

 

AUTO

 

Antecedentes

 

1.  El demandante solicitó iniciar proceso ejecutivo a continuación de ordinario laboral, con el fin de obtener el pago de las costas procesales impuestas al entonces Instituto de Seguros Sociales, mediante sentencia proferida el 11 de agosto de 2009 por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de esta ciudad (fl. 113).

 

2.  El juzgado de conocimiento mediante auto de 17 de abril de 2015 libró mandamiento de pago contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por la suma de $900.000 por concepto de las costas procesales, así como las del proceso ejecutivo (fls. 121 a 122).

 

3.  Notificada la entidad demanda, en los términos del parágrafo del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, propuso como excepciones de mérito, las de inembargabilidad, petición anticipada, pago, compensación, prescripción, buena fe, y solicitó «se declaren las demás excepciones que resulten dentro del proceso conforme al artículo 306 del CPC». Para sustentar la excepción de prescripción, la entidad demandada manifestó lo siguiente «Sin que de ninguna manera se entienda reconocimiento de los hechos y pretensiones, aducidos con el escrito de la demanda se propone esta excepción correspondiente a cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado a favor del demandante y que de conformidad con las normas legales y con las probanzas del juicio quedará cobijado con el fenómeno de la prescripción de conformidad con lo previsto en las normas legales Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969» (fls. 134 a 136).

 

4.  Corrido el traslado de rigor, la parte demandante no solicitó, ni aportó pruebas (fls. 140).

 

5.  El juzgado de conocimiento, mediante auto dictado en audiencia pública llevada a cabo el 9 de septiembre de 2015, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada; declaró la terminación del proceso ejecutivo total sin costas, y ordenó el archivo del expediente.

 

Motivó lo así decidido, en síntesis y para lo que interesa al recurso, luego de hacer referencia a los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en que al haberse hecho exigible la obligación de pagar las costas procesales cuando cobró firmeza la sentencia a las 5 de la tarde del 17 de agosto de 2009,  y «para las costas lo fue desde la fecha en que cobró firmeza el auto que aprobó la liquidación de costas al no haberse interpuesto recurso alguno, esto es desde el 12 de octubre de 2009, toda vez que el proveído del 1º de octubre de 2009, que impartió aprobación a la liquidación de costas practicada por la secretaria se notificó por anotación en estado del 5 de octubre del mismo año, además el actor interrumpió la prescripción el 22 de abril de 2010, como consta en el documento que obra a folio 143 a 144 del expediente, por ello como la demanda ejecutiva se presentó el 27 de marzo de 2014 como consta a folio 113, habiendo transcurrido los tres años que refieren los artículos 151 del CPTYSS y 488 del CST, de donde se colige que el fenómeno prescriptivo alcanzó a operar, lo que conlleva a declarar probada la excepción de prescripción (sic)» (fls. 146 a 151).

 

4.  Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló, argumentando que las costas procesales corresponden a un rubro contenido en una sentencia judicial, más no uno derivado de una ley social, por lo que no puede confundirse el término de prescripción entre una y otra situación, dado que para el primer aspecto opera el término de 3 años, mientras que para el segundo opera el término de 5 años previsto en el artículo 2536 del Código Civil, por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para lo cual transcribió algunos apartes de la providencia de 19 de abril de 2012, dictada dentro del expediente No. 25000-23-25-000-2005-03330-01 (0943-08) (fls. Ibídem).

 

CONSIDERACIONES

 

5. Problema jurídico a resolver.

 

Determinar si la acción ejecutiva laboral prescribe en los términos del artículo 2536 del Código Civil o, si por el contrario, la misma debe estar sujeta al término del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

 

6.    Fundamentos normativos y jurisprudenciales.

 

Arts. 488 CST y 151 CPTYSS; CSJ sentencias SL de 30 de octubre de 2012 radicado 39631, y STL3128 de 11 de septiembre de 2013, radicado 33598.

 

7. Caso concreto.

 

De entrada esta Sala advierte que no le asiste razón al recurrente cuando expone que el término de prescripción para instaurar la acción ejecutiva con miras a obtener el valor de la condena por concepto de costas procesales derivada de una sentencia judicial emitida en el marco de un proceso ordinario laboral debe estar sujeta al término prescriptivo del artículo 2536 del Código Civil. Lo anterior, en razón a que las disposiciones de dicho estatuto, por lo menos, en el fenómeno que se estudia, únicamente resultan aplicables en materia procesal laboral, en la medida en que aflore algún vacío en el régimen especial de esta especialidad de la jurisdicción ordinaria, que no es precisamente lo que aquí acontece (CSJ sentencia SL de 30 de octubre de 2012 radicado 39631).

 

Pensar que el Código Civil debe imperar sobre los términos prescriptivos de la acciones laborales, independientemente de que provengan o no de leyes sociales, es casi como restarle efectos jurídicos a la especialidad que rige la materia.

 

Es cierto que las costas procesales no constituyen en estricto sentido un derecho derivado de una ley social, a la luz del artículo 151 del estatuto procesal laboral, tampoco un derecho derivado del Código Sustantivo del Trabajo, a la luz del artículo 488 del mismo estatuto, pero no puede perderse de vista que al estar regulado en las normas procesales laborales este fenómeno – el de la prescripción, el juzgador no puede acudir a otros ordenamientos procesales para buscar una norma que regule el tema en similares aspectos, ni mucho menos a otros estatutos sustanciales.

 

De ninguna manera puede pensarse que la condena en costas procesales hubiese sido impuesta de manera autónoma de los demás rubros, al entonces Instituto de Seguros Sociales – sustituido por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, dado que si se hace un análisis detallado del asunto concreto, este rubro hizo parte de una sentencia judicial que reconoció  un derecho derivado del Sistema de Seguridad Social Integral en virtud del artículo 31 de la L. 100/1993, , en este caso, de los incrementos pensionales por persona a cargo, que se ventilaron, por supuesto, a través de las normas que regulan el proceso ordinario laboral de primera instancia.

 

En relación con la acción ejecutiva a continuación de proceso ordinario, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia STL3128 de 11 de septiembre de 2013, radicado 33598, consideró lo siguiente: «No obstante lo anterior, y pese a que no hay lugar a que prospere la presente acción constitucional, extraña a esta Sala Laboral, la aplicación del artículo 2536 del C. C., por parte del Tribunal accionado cuando para ello hay norma especial como lo es el artículo 151  del C. P. del T. y de la S. S., que estatuye que “Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”, medida a la cual no hizo referencia el a quem, pese a que lo reclamado en el proceso ejecutivo se trataba de un derecho social que le fue reconocido a través de una sentencia judicial, situación que conllevaba a efectos de definir si resultaba exigible la obligación a cargo de la parte vencida, la necesidad inobjetable de su aplicación por ser una disposición propia del procedimiento laboral, escenario que de contera imposibilitaba emplear el artículo 2536 del C. C., ante la existencia de una disposición que gobernaba el asunto debatido»; criterio que utilizará esta Sala para apartarse de los argumentos expuestos por la parte recurrente, para acoger, en su lugar, la tesis expuesta por el juzgado de conocimiento, respecto de la aplicación del término de prescripción trienal de la acción ejecutiva, independientemente del tema de que se trata, salvo en aquellos asuntos en los que por su naturaleza especial sean imprescriptibles.

 

Por lo anterior, y al no observar que el juzgador de primera instancia hubiese incurrido en un error protuberante al declarar probada la excepción de prescripción respecto de las costas procesales, dado que las mismas se hicieron exigibles a partir del 8 de octubre de 2009, fecha en que cobró firmeza el auto que las aprobó el 1º de octubre de ese mismo año; el demandante interrumpió el término con una reclamación presentada el 22 de abril de 2010 (fls. 143 a 144) y el 27 de mayo de 2014 elevó solicitud de ejecución en los términos del artículo 335 del CPC (fl. 113), se confirmará el auto apelado, sin lugar a imponer condena en costas.

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

RESUELVE

 

Primero: Confirmar el auto apelado, acorde con lo considerado.

 

Segundo: Sin costas en esta instancia.

 

NOTIFICADOS EN ESTRADOS,

 

 

 

 

MARTHA RUTH OSPINA GAITÁN

Magistrada

 

 

 

 

 

                                                                                              En uso de permiso

MARLENY RUEDA OLARTE                         ÁNGELA LUCÍA MURILLO VARÓN

Magistrada                                                              Magistrada

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *